Acompañamos a empresas y emprendedores en el análisis integral del marco normativo aplicable a su actividad — identificando los permisos, licencias, autorizaciones y registros que deben obtenerse ante autoridades federales, estatales y municipales para operar conforme a derecho. Diseñamos la ruta de cumplimiento y gestionamos los trámites correspondientes.

Comenzamos con un análisis objetivo de la controversia: cuál es la posición jurídica real de cada parte, cuáles son los riesgos y costos del litigio, y qué margen existe para llegar a un acuerdo. Con esa información sobre la mesa, diseñamos una estrategia de negociación y la ejecutamos — directamente con la contraparte o a través de los mecanismos institucionales disponibles.

La Ley LFPIORPI considera actividades vulnerables, entre otras: la compraventa de inmuebles, la prestación de servicios de construcción, los notarios y corredores públicos, la prestación de servicios contables o jurídicos, la venta de vehículos, joyas, metales preciosos, el otorgamiento de créditos, y las actividades de juegos con apuesta. Si su actividad está en esta lista, tiene obligaciones concretas ante la SHCP y la UIF.

El amparo indirecto se promueve ante un Juez de Distrito y procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que no deriven de procedimientos judiciales — aunque también cabe contra actos dentro de un procedimiento cuando causen ejecución irreparable. El amparo directo, en cambio, se promueve ante un Tribunal Colegiado de Circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos arbitrales y resoluciones que pongan fin a un juicio.

En materia mercantil y administrativa, el amparo directo funciona en la práctica como el último recurso procesal: cuando se pierde en la primera instancia y, en su caso, en apelación o ante el TFJA, el amparo directo permite plantear tanto violaciones de legalidad como inconstitucionalidades ante el Colegiado. La SCJN puede ejercer su facultad de atracción cuando el caso tenga importancia y trascendencia nacional.

Uno de los instrumentos más valiosos del amparo es la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. Cuando se obtiene, impide que la autoridad ejecute su acto mientras se resuelve el fondo del amparo — protegiendo el patrimonio y los derechos del quejoso de daños irreparables. La solicitud y obtención de la suspensión es, en muchos casos, tan importante como la sentencia de fondo.

La elección del tipo societario — SA, SAPI, SAS, S de RL — y la redacción de los estatutos sociales son decisiones que tienen consecuencias patrimoniales y fiscales de largo plazo. Una cláusula mal redactada en los estatutos puede generar años de litigio entre socios. Asesoramos en la constitución de sociedades con estatutos robustos, cláusulas de salida, mecanismos de resolución de disputas y protecciones para socios minoritarios.

La International Chamber of Commerce (ICC), el International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) y el Centro de Arbitraje de México (CAM) son las principales instituciones arbitrales en México y el mundo. Los procedimientos bajo sus reglamentos son conducidos por árbitros de alta especialización, frecuentemente en inglés, y concluyen con un laudo ejecutable internacionalmente. La representación ante estas instituciones requiere dominio del inglés jurídico, conocimiento de las reglas procesales aplicables y experiencia en la elaboración de escritos bajo estándares internacionales.

En los Estados Unidos se les conoce como class actions — demandas en las que un grupo de personas con el mismo problema demanda colectivamente a quien les causó el daño. En México el concepto existe desde 2011 y funciona de manera similar: un representante legítimo actúa en nombre de toda la colectividad afectada y la sentencia beneficia o vincula a todos los miembros del grupo. Solo pueden promoverse en dos materias: relaciones de consumo de bienes o servicios y medio ambiente. Únicamente conocen de ellas los Jueces de Distrito — ningún tribunal del fuero local tiene competencia para tramitarlas.

No cualquier persona puede iniciarlas. El CFPC establece una lista cerrada de legitimados activos:

Esta pregunta tiene una respuesta precisa y relevante. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), publicado en el DOF el 7 de junio de 2023, incluye en su Libro Sexto la nueva regulación de las acciones colectivas. Sin embargo, su entrada en vigor no fue inmediata ni uniforme — opera mediante un sistema de declaratorias escalonadas.

A nivel federal, la declaratoria de vigencia del CNPCF corresponde emitirla al Congreso de la Unión a solicitud del Poder Judicial de la Federación. A la fecha, esa declaratoria aún no ha sido emitida. Por lo tanto, si hoy se interpone una acción colectiva ante un Juzgado de Distrito, el procedimiento se rige íntegramente por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) — el código vigente desde 2011. El CNPCF es ley publicada pero no es derecho aplicable en el fuero federal hasta que el Congreso emita la declaratoria correspondiente, lo que deberá ocurrir a más tardar el 1 de abril de 2027, fecha en que entrará en vigor automáticamente en todo el territorio nacional aunque no haya declaratoria.

A nivel local la situación es diferente: la CDMX, Durango, Zacatecas, Chihuahua y otros estados ya han emitido sus propias declaratorias y operan bajo el CNPCF en materias civiles. Pero las acciones colectivas — al tramitarse exclusivamente ante Juzgados de Distrito — son materia federal, y en esa sede sigue rigiendo el CFPC.

Dicho esto, vale conocer las principales diferencias que traerá el CNPCF cuando entre en vigor: reduce el mínimo de integrantes de la colectividad de 30 a 15 personas; agrega al Instituto Federal de la Defensoría Pública como nuevo legitimado activo; otorga al juez facultad expresa de corregir de oficio la categoría de la acción sin desecharla; amplía la procedencia contra cualquier persona que cause daños colectivos independientemente del vínculo jurídico; e introduce la reparación integral del daño como mecanismo de reparación.

El derecho de amparo distingue entre dos tipos de leyes impugnables. Las leyes autoaplicativas son aquellas que por su sola entrada en vigor generan una afectación al quejoso, sin necesidad de un acto de aplicación posterior — el plazo para impugnarlas es de 30 días a partir de su publicación. Las leyes heteroaplicativas, en cambio, solo afectan cuando la autoridad las aplica en un caso concreto — el plazo se cuenta desde el primer acto de aplicación. Identificar correctamente el tipo de ley es fundamental: una equivocación en este punto puede significar la improcedencia del amparo y la pérdida definitiva del derecho a impugnar.

Desde la reforma constitucional de 2011, cuando los tribunales de amparo reiteran la inconstitucionalidad de una misma norma en cinco casos, la SCJN puede emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad — lo que significa que la norma deja de aplicarse a todo el mundo, no solo al quejoso. Esto convierte al amparo contra leyes en un instrumento con potencial de impacto más allá del caso individual, especialmente cuando varias empresas del mismo sector impulsan estratégicamente litigios coordinados.

Antes de definir la estrategia, analizamos el panorama completo: la posición jurídica real de cada parte, los tiempos, los costos y las probabilidades de cada vía. En muchos casos existe la posibilidad de resolver mediante negociación directa, mediación o conciliación — y cuando esa opción existe y conviene a los intereses del cliente, la aprovechamos. No porque el litigio sea una mala opción, sino porque un acuerdo bien negociado puede ser tan favorable como una sentencia y obtenerse en una fracción del tiempo.

Hay asuntos que se resuelven en un juzgado — y así debe ser. Contrapartes que no negocian de buena fe. Derechos que exigen una sentencia para ser respetados. Precedentes que vale la pena sentar. En esos casos, litigar no es el último recurso: es la herramienta correcta desde el inicio. Y en ese terreno, contamos con la experiencia y la preparación técnica para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

La ventaja de trabajar con Sánchez Carrera Abogados es que no tiene que referirse a otro despacho cuando el asunto escala o cambia de naturaleza. Empezamos con la negociación, coordinamos la mediación, litigamos el fondo y ejecutamos la sentencia — todo bajo la misma estrategia y el mismo equipo. Sin perder contexto, sin reaprender su caso.

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